La responsabilidad fiscal es la obligación de reparar un daño causado al patrimonio público por un servidor público o un particular en ejercicio de actos de gestión fiscal. Es reglamentada mediante el procedimiento independiente y autónomo de la ley 610 de 2000. Esta responsabilidad es determinada por las Contralorías, las cuales están encargadas de darle aplicación a dicha ley que pretende ser más ágil y eficaz, ya que los resultados de los organismos estatales revelan que la situación actual del país, con respecto a este tema, no es alentadora y por el contrario se incurre en un alto costo económico al tratar de recuperar el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público.