La reciente expedicion de la Ley 2094 de 2021, ha generado gran incertidumbre al interior de las Oficinas de Control Disciplinario y de las Personerias Municipales dado que no se conoce con exactitud, la manera en la que estas deben garantizar los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad que se reclaman para todos los servidores publicos. El fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego v/s Colombia insto al Estado Colombiano para que dentro de las actuaciones que pretendan restringir derechos politicos, se garanticen los principios de imparcialidad y jurisdiccionalidad. El primero enfocado a lograr que la autoridad encargada de la etapa instructiva no sea la misma que adelante el juzgamiento y el segundo y quizas el mas polemico, que tal restriccion (entiendase la de derechos politicos) sea impuesta por juez competente en el marco de un proceso que contenga las garantias propias del sistema penal.