El trabajo hace un estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado en general y, especificamente, de la responsabilidad derivada de la actividad de la Administracion de Justicia, para determinar si es adecuado y juridicamente sustentable, la atribucion de responsabilidad estatal por los danos ocasionados a las personas que son perseguidas por la justicia, con el fin de hacer efectiva una orden de captura producto de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, que luego resultan absueltas dentro del proceso penal que origino la medida, tornandose en injusta tal persecucion y en inmerecidos los danos padecidos. De la misma manera, se hace un desarrollo teorico del derecho a la libertad individual, del “ius necessitatis”, el dano y su antijuridicidad, la distincion entre Administracion de Justicia (Rama Judicial) y sistema penitenciario (Rama Ejecutiva), los derechos del investigado o procesado, el papel de la pena y de la medidas de seguridad, el verdadero concepto de colaboracion con la Administracion de Justicia, los mecanismos de defensa individual y colectiva contra una agresion injusta (el peligro inminente que representa un centro de reclusion), y los yerros juridicos y teoricos en que incurre la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa al resolver los casos planteados caracteristicos de “profugo inmerecido”.