Durante años la población privada de la libertad ha sufrido el flagelo de la discriminación y de la marginación social, a causa de los delitos cometidos, donde no solamente tienen que pagar las largas condenas de privación de su libertad, sino que deben cargar con el estigma social que esto conlleva, donde las mismas instituciones estatales han incumplido en su papel de garantía de los derechos de este grupo de población. Esta situación se ha visto reflejada en las múltiples quejas, tutelas y derechos de petición de los internos, así como en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional Colombiana, donde en múltiples ocasiones se ha declarado el estado de cosas inconstitucionales que incluyen la violación del derecho a la dignidad humana, el derecho a la salud, el derecho a la resocialización, y el derecho a la alimentación adecuada, entre otros. Derivado de lo anterior, nace este trabajo de investigación, cuyo objetivo ha sido analizar el papel que juega la oferta institucional del Estado colombiano en el cumplimiento de las obligaciones de garantía, respeto y protección del derecho a la alimentación de la población privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec; entendiendo este derecho como un todo, como aquel que se interrelaciona, se interconecta y se complementa con derechos fundamentales que favorecen la resocialización de las personas privadas de la libertad, permitiéndoles alcanzar un nivel de vida digno que contribuya en su libre desarrollo.