ESP:Preguntarse por los arreglos corporativistas es inmiscuirse en las formas de intervención estatal, no en la organización del Estado ni en su carácter, que están dictados por la Constitución Política. Las respuestas se encuentran en la acción o en la omisión en torno a su órbita funcional, formas que, en el caso del corredor universitario entre Barranquilla y Puerto Colombia, se inclinaron por la competitividad en desmedro de otros fines. La noción de territorio en la juridicidad colombiana, en la forma en que el derecho interviene la territorialidad y la territorialización, fue el telón de fondo en el que se colocaron en escena las competencias y las tensiones entre los entes nacionales y subnacionales, en cuyo seno se suscitó un diálogo jurídico-político intertemporal para desentrañar la potencia del discurso en la producción de subjetividades. El uso del análisis crítico del discurso aclaró que la noción de territorio es usada de manera estratégica en la construcción del aparato legal y jurisprudencial colombiano, lo que escapa al sentido común de su polisemia, a fin de producir diálogos normativos sobre la competitividad, su necesidad y sus beneficiarios. La competitividad, además del enconado argumento de la disputa por las inversiones productivas, ha trascendido en la política pública de ordenamiento territorial, al introducir un lenguaje empresarial, de cuño autoritario, que le asigna la prioridad de cierto orden económico espacial al devenir de las prácticas mercantiles espoliadoras de la riqueza. Nodos, mojones y sendas en la delimitación predial trascienden el mero propósito de alinderación en el ordenamiento territorial, al propiciar igualmente la diferenciación de los usos privados y de los usos colectivos del territorio. En torno a ellos, el corredor universitario ha asistido a transformaciones asociadas a la aceleración deliberada de formación de un entorno metropolitano propicio para la valorización de los excesos de capital que afloraron con la globalización.