El derecho disciplinario contempla un riguroso procedimiento para el conocimiento de los hechos que producen una falta al deber del buen servicio el cual despues de agotado el tramite, y de generarse responsabilidad, da lugar a la procedencia de la sancion. Por lo anterior y ante la importancia de derechos en juego y la aplicacion del Ius Puniendi por parte del Estado, es importante que el procedimiento se encuentre acorde a postulados constitucionales consagrados en la Constitucion de 1991 como lo son el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, los cuales tambien han sido modulados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por esto con anterioridad a la expedicion de la ley 1952 de 2019, en materia disciplinaria se presentan dos tipos de procedimientos: el ordinario regulado por la ley 734 de 2002 que se aplica de forma general cumpliendo con unas etapas determinadas y de naturaleza escrita, mientras que por otra parte tambien se puede aplicar el procedimiento regulado en la ley 1474 de 2011 que se caracteriza por ser un proceso expedito con una sola etapa y de naturaleza oral. Ambas disposiciones normativas contemplan algunos inconvenientes en su desarrollo, ademas de la atribucion de un amplio margen de discrecionalidad para el funcionario que decide sobre el procedimiento a seguir. De alli la importancia de analizar el procedimiento instaurado por la ley 1952 de 2019, de cara a establecer cambios y semejanzas entre esta nueva disposicion y las anteriores, en aras de establecer principalmente, mejoras sustanciales para el respeto de los derechos fundamentales de los investigados.