La implementacion del Sistema Penal Acusatorio en nuestro ordenamiento, ha traido grandes cambios en la forma de administrar justicia en el ambito del Derecho Penal. Prueba de este gran viraje, es la transformacion sufrida por los mecanismos para garantizar el acceso a la administracion de justicia, especificamente, en cuanto a la calidad y efectividad de los abogados encargados de la defensa. En este articulo se busca ilustrar la forma en que este nuevo sistema ha modificado radicalmente viejos paradigmas frente a este respecto, con un modelo de defensoria publica mucho mas fortalecida y capacitada para enfrentar los nuevos retos de este regimen, pero con una nueva brecha entre los defensores de confianza para ciudadanos que cuentan con recursos y los que carecen de ellos, evidenciandose una amplia ventaja de los primeros frente a estos ultimos, dada la carencia de medios para lograr la capacitacion requerida