El analisis de los casos por Contratos sin cumplimiento de los requisitos legales es interesante si se tiene en cuenta el gran volumen de personas que han sido procesados sin atender el principio de legalidad. Tal y como se manifiesta en el articulo primero de la Constitucion Politica, Colombia es una Estado organizada en forma de Estado Social de Derecho, lo que significa que en ella prevalecen las garantias y los derechos fundamentales de sus habitantes. La prevalencia de las libertades individuales como forma de garantizar la dignidad humana y los demas derechos humanos que han sido reconocidos por el bloque de constitucionalidad, se hace evidente unicamente a traves del respecto por el derecho al debido proceso, el cual se traduce en ultimas en la primacia del principio de legalidad en cada una de las actuaciones del Estado a traves de sus funcionarios publicos. Los principios juridicos son aplicables a todos los procedimientos administrativos y judiciales dados la necesidad de garantizar la prevalencia de los fines del Estado respecto a las garantias y proteccion de los derechos fundamentales. Al tratarse de mandatos de optimizacion propiamente dichos, utilizados para interpretar las normas, sirven a las autoridades jurisdiccionales para definir la solucion a un caso concreto. En lo que respecta al principio de legalidad, este se presenta como un limite a la administracion de justicia y al ejercicio de la administracion publica, con el proposito de que se respeten no solo las formas propias de cada procedimiento, sino tambien el actuar de los servidores publicos en las funciones que por mandato constitucional y legal se les han asignado. Pese a que se encuentra establecido en el articulo 29 de la Constitucion Politica y a su estrecha relacion con el debido proceso, el principio de legalidad no se ve implementado especialmente en los procesos penales. Aun cuando el articulo 6 de la Ley Penal manifiesta su obligatorio cumplimiento, la realidad es que en el ejercicio jurisdiccional no se hace efectivo, especialmente cuando se ve enfrentado a casos de tipos penales en blanco, donde la interpretacion de la ley por parte del investigador y del fallador debe ser extensiva por cuanto implica la remision a normas de caracter extrapenal. Este es el caso del delito de Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, como tipo penal en blanco que obliga tanto a los fiscales como a los jueces a acudir a otras normas como el codigo civil y la ley 80 para complementar lo que la ley penal no configura por completo en la estructuracion del tipo. La comprension de asuntos como la teoria general del contrato estatal, desde sus origenes hasta el concepto mismo de convencion, las modalidades en que este puede presentarse en el ordenamiento juridico, los requisitos que ha establecido la ley para que este sea valido y eficaz, pasando por el estudio desde lo constitucional de la forma como es concebido el principio de legalidad, son de vital importancia para comprender las consecuencias de iniciar un proceso de responsabilidad, bien sea penal, disciplinaria o fiscal, por el delito de Contrato sin Cumplimiento de los requisitos, partiendo de la necesidad de aplicar los postulados del debido proceso en el ejercicio de las funciones que intervienen en cada uno de ellos. El planteamiento del problema gira en torno a la necesidad de aplicar el principio de legalidad estricta a los procesos penales adelantados por violacion al delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Para lo cual es necesario realizar la precision de que se trata de un delito de conducta alternativa que puede presentarse de tres formas: Tramitar, Celebrar o Liquidar, todas ellas atentando contra la funcion publica y el patrimonio del Estado en algunos casos, tal y como se expondra mas adelante. En efecto, la necesidad de llevar a cabo contratos con que cumplan con el lleno de los requisitos legales, de cara con la realidad en la ilegalidad de los procesos es un tema que requiere determinar las caracteristicas de la legalidad y su finalidad en el ordenamiento juridico, con el proposito de que sea mas facil para el fallador el ejercicio de su labor. La inaplicabilidad en los procedimientos de un principio tan importante como el de legalidad, genera consecuencias que desestabilizan la administracion de justicia, en el sentido que no solo viola los derechos fundamentales de los procesados, sino ademas porque desestabiliza la seguridad juridica y la confianza en el ordenamiento juridico, maxime si se tiene en cuenta todos los procesos que se adelantan tienen por objeto proteger las garantias de quienes en el actuan, bien sean particulares o sujetos de derecho publico como el Estado. Asi una indebida aplicacion de este principio o la simple ignorancia del mismo generarian como consecuencia una afectacion en el funcionamiento de la estructura del Estado porque podria concluir hasta en indemnizaciones por indebido funcionamiento de la administracion de justicia, ocasionando asi un dano en el patrimonio publico, todo lo cual se haran especificaciones venideras.