Durante el periodo comprendido entre los anos 2006 - 2015 el Gobier no Nacional afirmo, politicamente, que las bandas criminales (en adelante BACRIM ) no eran, ni Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML), ni partes en el conflicto 1 . Sostener esta tesis, trae consigo una consecuencia judicial particular en la forma de juzga r, investigar y sancionar a los miembros de estas estructuras por su actuar criminal, pues a pesar de la comision de delitos “con ocasion y en desarrollo del conflicto armado interno”, su forma de judicializacion no corresponde a una estricta valoracion do gmatica, ni a la magnitud e impacto de los hechos victimiza ntes, debido a que, por regla general , no se aplica, ni el Titulo II de la Ley 599 de 2000 “delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario ( en adelante DIH) ”, ni la doctrina, ni la jurisprudencia sobre infracciones graves al DIH, ni los criterios establecidos en el Derecho Penal Internacional ( en adelante DPI).