Las actividades y servicios propios de la investigacion privada, aunque se ofertan y ejercen, no estan regulados en Colombia. Con la finalidad de ofrecer argumentos a favor de un reconocimiento legal que ampare el ejercicio profesional de la actividad, realizamos a traves de este trabajo un analisis normativo y jurisprudencial que nos va a permitir, en primer lugar, identificar de que manera las actividades propias de la investigacion privada pueden afectar negativamente a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitucion Politica de 1991. Y consecuentemente, en segundo lugar, cual seria el modo en el que una norma destinada a regular la investigacion privada en Colombia deberia establecer limites y principios con capacidad para reducir o, en la medida de lo posible, eliminar su potencial lesivo, pero manteniendo los beneficios que la investigacion privada puede aportar en la lucha contra la inseguridad y el fraude privado y en la mejora de la capacidad de los sujetos que participan en procesos judiciales