El proceso arbitral supone el reconocimiento que desde la misma Constitución se hace a unos mecanismos alternativos de resolución de conflictos que resultan coherentes con los cometidos del Estado, están orientados a brindar una verdadera convivencia pacífica, y de ahí que sea esta, hoy por hoy, tanto en el marco de la contratación privada como en la pública, el mecanismo idóneo por excelencia que busca hacer efectiva una forma de ponerle término al conflicto suscitado en relación con las aspiraciones que en el escenario propio de la adquisición de productos y servicios buscan satisfacer las necesidades de las personas. Así las cosas, en el presente capítulo se explicará la naturaleza jurídica del proceso arbitral, analizado desde la órbita del derecho constitucional, para comprender su relación con el derecho fundamental de acceso a la justicia, y su incidencia desde la perspectiva procesal, a partir de una dinámica que ha propiciado su inserción en la esfera contractual para fijar los efectos que ha de tener en esa nueva realidad negocial y en ese orden de ideas, comprender las posturas que en el ámbito jurisprudencial han buscado definir el sentido y el alcance de dicha institución en el Estado social de derecho, y en cuyo escenario se ha incentivado su uso por la celeridad que caracteriza su desarrollo.