Con la entrada en vigencia de la Constitución Política promulgada el 7 de julio de 1991, que dio paso a la estructura actual del estado social de derecho, incorporando en su articulado lo concerniente a los derechos fundamentales; se entra a corregir graves injusticas sociales, enmendando aquellos desaciertos consagrados en la carta política de 1886, como era el desconocimiento de los núcleos familiares conformados durante su vigencia por vínculos naturales y donde solamente se le otorgaban plenos efectos jurídicos a los matrimonios celebrados por la iglesia católica en virtud del concordato suscrito con la Santa Sede, lo que conllevó al desconocimiento de derechos inalienables como la pensión de sobrevivientes que teleológicamente se encuentra encaminada a cubrir sus necesidades básicas en aras de proteger la dignidad humana y el derecho a la vida por encima de los demás derechos