A menudo el ejercicio de la administración de sociedades comerciales, enfrenta situaciones en donde puede concurrir los intereses de estas, con intereses personales de los administradores, tal como se plantea en la Sentencia de casación 451-2017 de fecha 26 de Enero de 2017 proferida por la Corte Suprema de Justicia, en relación a un auto contrato realizado entre dos sociedades representadas por una misma persona, donde una de ellas, está integrada por familiares de aquel. Pues bien, el autocontrato eventualmente puede exponer el interés social a una situación donde el representante legal anteponga sus intereses personales. En este contexto, el ordenamiento jurídico ha previsto diversas herramientas que buscan salvaguardarlo, como el deber de requerir autorización previa de los órganos sociales, para llevar a cabo un negocio jurídico.