Este trabajo hace un analisis acerca de la facultad de los municipios para restringir o excluir la mineria de sus territorios mediante la realizacion de consultas populares. A partir de la normatividad constitucional y legal, asi como de la reciente jurisprudencia sobre la materia, se pretende establecer la medida en que el reparto de competencias permite a los municipios intervenir en el proceso de toma de decisiones sobre la implementacion de actividades y proyectos mineros dentro de su jurisdiccion, a la luz de principios constitucionales como el de la autonomia territorial y la participacion democratica.
