Este trabajo expone la problematica surgida en Colombia a partir de la consagracion legal, el desarrollo jurisprudencial y la puesta en practica, de la prueba de referencia dentro del proceso penal. Aqui se sostiene que dicho instrumento infringe los derechos de confrontacion y contradiccion, que amparan a toda persona y, en especial, a la acusada, dado que no esta revestido de mecanismos que garanticen esas potestades universalmente reconocidas de interrogar o hacer interrogar a los testigos de la contraparte y de participar en la formacion, control y desarrollo, de la prueba bajo identicas condiciones y prerrogativas a las de su adversario. Ello resulta contrario a la Carta Politica y a los tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad.