En aras de “garantizar la paz” y la seguridad el Estado colombiano viene adelantando el programa de erradicacion manual de cultivos ilicitos. Para este proposito, indirectamente vincula a civiles que voluntariamente pasan a trabajar en medio de la confrontacion belica, bajo la custodia de la Fuerza Publica. Debido a la existencia de campos minados en las zonas donde trabajan los erradicadores, estos han visto vulnerados sus derechos humanos a la vida e integridad personal a causa de minas antipersona y el Estado ha sido demandado por estos danos, sin que hasta el momento el Consejo de Estado haya tomado una decision. Como se advierte a la entrada, este trabajo presenta un claro enfoque desde el derecho administrativo. Ello obedece a tres razones: primero, porque como bien lo senala Uprimny Yepes (1996, p. 52), cuando se habla de la responsabilidad por violacion a los derechos humanos, una de las primeras relaciones que se establece es con el articulo 90 de la Constitucion Politica; segundo por la “inevitable y sustancial relacion del articulo 90 CP con la Convencion Americana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, donde el articulo 90 de la Constitucion Politica es el “mecanismo de cierre del sistema de proteccion y garantia patrimoniales de los ciudadanos, frente al poder publico”, es decir, una via de control a la administracion publica, donde la victima ocupa el nivel central (Santofimio Gamboa, 2013, p. 133, 140) y tercero, por la tendencia reciente del Consejo de Estado a aceptar la doctrina del “control difuso de convencionalidad” (Radicacion No.: 52001-23-31-000-1998-00565-01(34791) de 25 de febrero de 2016), donde el juez administrativo local opera como juez internacional. Indagar acerca de la imputacion de responsabilidad al Estado por estas graves violaciones a los derechos humanos, requirio en primer lugar abordar el estudio del programa de erradicacion manual de cultivos ilicitos en Colombia y la modalidad de contratacion, cobrando relevancia el 11 analisis del derecho humano y fundamental al libre desarrollo de la personalidad, en su expresion como derecho de libertad contractual, sus limites y alcances, particularmente en un Estado Social de Derecho que se desenvuelve en un contexto de conflicto armado interno. Dado ese contexto, fue necesario abordar las implicaciones del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, analizando la importancia actual del control de convencionalidad. Teniendo en cuenta que en este trabajo se adopto un modelo normativo de derechos humanos, se encontro una relacion entre este modelo y la moderna teoria de la imputacion objetiva, motivo por el cual fue necesario abordar su estudio; ademas, porque actualmente existe una tendencia a aplicar este criterio en el Consejo de Estado. Esta teoria puede ser valiosa en el juicio de imputacion por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por cuanto parte de un analisis concreto de derechos y obligaciones en un contexto determinado – como el de conflicto armado -; sin embargo, se cree que algunos criterios dogmaticos de esta teoria, elaborados principalmente por teoricos penalistas, han sido adoptados casi que sin cambio por la doctrina y la jurisprudencia del derecho administrativo de danos, especialmente el criterio conocido como posicion de garante, hecho que, como se vera, si bien pudo haber sido necesario en el derecho penal, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no era necesario, ya que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han desarrollado con suficiencia, ademas de otros criterios como la debida diligencia, el riesgo creado y las personas de especial proteccion.