El control de drogas es un tema que durante décadas ha alimentado la violencia política en Colombia y contribuido a entronizar en nuestra cultura los anti-valores que soportan la industria del tráfico internacional de drogas ilícitas. Entre ellos, la generalización del afán de enriquecimiento fácil y rápido, uno de los patrones más dañinos que han dejado los contrabandistas y narcotraficantes y que se celebran en las dramatizaciones televisadas que hoy representan uno de los productos bandera de exportación de nuestra industria cultural. La corrupción generalizada es otra de las consecuencias más infortunadas que deja la cultura del narcotráfico. Cerca de cinco millones de hectáreas de nuestras tierras más productivas, adquiridas con dineros producto del tráfico internacional de estupefacientes, han pasado a manos de narcotraficantes durante las últimas décadas con la complicidad de abogados, notarios, registradores de instrumentos públicos, banqueros, autoridades civiles, de policía, militares y representantes políticos. Si bien, por medio de leyes para la extinción de dominio a favor del Estado de bienes derivados de actividades ilegales, el país hace esfuerzos importantes para recuperar estas tierras mal habidas por testaferros que encubren tanto a narcotraficantes como a cabecillas de grupos armados ilegales; tristemente, de un total de dos millones de hectáreas incautadas dentro de procesos penales de esta naturaleza, aproximadamente un millón y medio de hectáreas han sido devueltas.