La Constitución Política Colombiana de 1991 reconoció a la jurisdicción indígena, como mecanismo de protección a la identidad cultural, identidad étnica y la autonomía indígena. El reconocimiento de la jurisdicción indígena no era novedad, pues, antes de 1991 los indígenas ya existían en el territorio Nacional, y ejercían prácticas de juzgamiento o sancionatorias que se encuentran proscritas a la luz de los Derechos Humanos con el permiso que la tolerancia social le concedía, por tal motivo y bajo la óptica de un Estado Social de Derecho, se previó la necesidad que ésta jurisdicción se articulara al ordenamiento nacional a través de formas de coordinación, que aún hoy, 18 años después de su reconocimiento no son claras, ni para la jurisdicción indígena ni para la ordinaria, lo cierto, es la tensión que existe entre las dos jurisdicciones que conlleva una vulneración de derechos amparadas por jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.