Bajo el paradigma de un Estado Social de Derecho, la justicia ya no es ni debe ser comprendida únicamente como un conjunto de leyes y normas —en términos del esquema normativo, legal y regulatorio del relacionamiento entre ciudadanos, ciudadanos-Estado y Estado-ciudadanos—, sino que debe apuntar a una justicia encaminada a acortar la distancia entre el texto constitucional y la realidad social del país.