Si se ahonda en el camino de la responsabilidad patrimonial publica, son diversos los eventos en los cuales al Estado se lo ha considerado responsable por los danos y perjuicios antijuridicos irrogados a sus habitantes siempre que los mismos resulten imputables a un actuar legitimo o ilegitimo estatal, sin embargo, pese a que actualmente el catalogo de conductas estatales originarias de responsabilidad pareciera ser amplio, aun se presentan circunstancias en las cuales el Estado es considerado como no responsable por la concrecion de ciertos danos antijuridicos que los ciudadanos se ven obligados a soportar, sin que exista un imperativo juridico que les imponga esa carga. Muestra clara de lo anterior son aquellos sucesos en los cuales una persona fallece o es lesionada por el impacto producido por un proyectil proveniente de un arma de fuego de accionardesconocido. En estas especificas circunstancias la jurisprudenciaha venido sosteniendo que si en los hechos no se encuentrainmersa una entidad publica, entonces no sera dable alegar unaresponsabilidad estatal, ora porque facticamente el arma no fue accionadapor un agente estatal, ora porque se presenta una causaleximente de responsabilidad como lo seria el hecho de un tercero.El presente analisis busca entregar razones suficientes que nos permitanaseverar que el acaecimiento de este tipo de danos conllevana que se configure la responsabilidad estatal; para estos efectos seabordara, primariamente, el estudio del dano antijuridico y de laimputacion del dano al Estado, para luego fundamentar factica yjuridicamente la razon que nos conduce a predicar la existencia deesta clase de responsabilidad patrimonial.