Durante las ultimas decadas, las politicas de educacion superior han venido condicionadas por una tendencia clara hacia la autorregulacion sugerida por parte del Estado, que han sido expresadas en las leyes 30 de 1992, 749 de 2002, y los decretos 2566 de 2003, 1001 de 2006, y la mas reciente, la Ley 1188 de 2008, entre otros lineamientos legales, donde se articula la necesidad de garantizar la autonomia universitaria en cuanto a la ensenanza, aprendizaje e investigacion. Al ser la educacion un servicio publico, con funcion social, el Estado tambien regula y ejerce inspeccion con el fin de velar por su calidad, el cumplimento de sus fines y por la mejor formacion de los educandos, entendiendo la calidad desde el Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) como:
