Este documento alega que el regimen legal actualmente aplicable a las actuaciones y actividades de la administracion publica y en particular a la contratacion estatal son una plataforma suficiente para la implementacion de politicas publicas de gobierno electronico y de compras estatales electronicas en particular; porque la ley 80 de 1993; actual estatuto vigente de la contratacion publica no limita; ni prohibe el uso de tecnologias de informacion; ni exige requisitos que hagan imposible o restrinjan el uso de dichas tecnologias. Porque la ley 80 de 1993 incluye los estandares minimos para la implementacion de sistemas de compras estatales electronicas y la Ley 527 de 1999 da base legal suficiente a los documentos electronicos; a la transmision electronica de datos y a todo lo relacionado con las firmas digitales.