Sintesis Este articulo pretende ilustrar acerca de la necesidad de armonizar el derecho penal con los principios de la nueva Constitucion Politica promulgada en el ano de 1991 –particularmente en la dinamica de los derechos humanos, pues la realidad demuestra que a seis anos de su vigencia el legislador ha marchado en contravia de sus postulados, generando con ello la maximalizacion sistematica del derecho penal, en detrimento de la dignidad humana y de todos aquellos derechos que le son consustanciales. En este sentido, el sistema penal en su conjunto no responde a las pautas minimas de legitimidad, constituyendo en el caso colombiano uno de los instrumentos de poder mas propicios para la violacion de los derechos humanos, no solo de las personas sindicadas y condenadas por ese sistema, sino de todos aquellos ciudadanos que reclaman del Estado la proteccion y vigencia de sus derechos. Se proponen entonces mecanismos democraticos de participacion, a traves de los cuales los bienes juridicos a proteger por la via del derecho penal respondan a los mas racionales criterios, sin perder de vista que en un estado social de derecho la defensa de los mas debiles es el eje central que debe articular toda una politica social tendiente a eliminar las causas generadoras de desigualdad.