La jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales fundamentales, que en su gran mayoria conllevan intereses economicos, es una muestra de la transformacion de la cultura tanto politica como juridica y su sensibilizacion respecto de las necesidades basicas y la prioridad politica de tomarse en serio el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha venido disenando y poniendo en practica una concepcion moderna del Estado en la que el cumplimiento de los deberes sociales del mismo ocupa un lugar central en la reorganizacion de las instituciones publicas. Sin embargo, un cambio tan drastico conlleva indefectiblemente incongruencias y desfases en la politica jurisprudencial de la Corte.