La Asamblea Constituyente de 1991 transformo a Colombia en una re-publica multietnica y pluricultural, con soberania popular y democracia participativa, en un marco internacional de apertura de mercados y del “Consenso de Washington”. Las instituciones publicas colombianas se adaptaron lentamente hacia la formacion de una ciudadania mas vigorosa y comprometida a participar en las decisiones publicas sobre asuntos que les conciernen directamente. A partir de entonces, se han generado diversos mecanismos de participacion politica y de promocion de organizaciones no gubernamentales para intervenir en la gestion publica e incidir en la toma de decisiones. La nueva Constitucion estipulo que el Estado contribuiria a la promocion, organizacion y capacitacion de aso-ciaciones de profesionales, sindicales, civiles, comunitarias y juveniles, y que estas organizaciones no gubernamentales podrian constituir meca-nismos democraticos de representacion para la participacion, coordina-cion, control y vigilancia de la administracion publica. Instituciones como las veedurias ciudadanas y la rendicion de cuentas se complementaron con otros mecanismos de participacion, como la iniciativa legislativa, los consejos territoriales de planeacion, las consultas previas y las audiencias publicas, que han buscado hacer realidad el mandato constitucional de participacion de los ciudadanos en los temas que les afecten, tales como las politicas sociales y ambientales. No obstante, la tension entre elites en el poder y comunidades que exigen representacion, no se hizo esperar.