El articulo, desde una perspectiva analitica, se detiene en considerar la posibilidad que tendria el juez penal, en el marco del Estado constitucional contemporaneo (esto es, social, democratico y de derecho) para “excepcionalmente” decretar y practicar pruebas de oficio en casos concretos, aun contraviniendo la voluntad del legislador penal e incluso alguna linea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Ello en virtud de la posibilidad que le ofrece, de un lado, el control constitucional incidental (excepcion de inconstitucionalidad), y, de otro, la propia principialistica constitucional, amparados en la tesis monista del derecho constitucional. Ocupandose del grado de correccion de la SC-396 de 2007, critica la posicion mayoritaria de la Corte Constitucional colombiana, al declarar exequible el articulo 361 de la ley 906 de 2004, abogando, en su lugar, por un juez investido de mayores poderes en cuanto a la direccion del proceso.