Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos economicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas mas ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas mas progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y politicos, son plenamente exigibles a traves de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ambito de estos ultimos mecanismos, especial lugar ocupan las politicas publicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atencion sobre la necesidad de que las politicas educativas se disenen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educacion y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acapites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la politica educativa y el derecho a la educacion; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educacion y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el exito de las politicas en lo que se refiere al respeto, proteccion y realizacion del derecho a la educacion.