La provision de un bien privado por parte del sector publico como politica de redistribucion del ingreso, es considerada una buena herramienta ante la falta de informacion sobre los agentes. No obstante, dicha politica puede acarrear disyuntivas entre calidad y redistribucion, y entre eficiencia y redistribucion. Si se desea implementar esta clase de politica, es preferible incurrir en un costo de informacion, una ineficiencia fija, para aplicar un impuesto progresivo y redistribuir el ingreso bajo el segundo teorema del bienestar, y no mediante una transferencia en especies. La politica es mas o menos efectiva dependiendo de las restricciones institucionales a las que se enfrente el Estado. Si dichas restricciones impiden la discriminacion de acceso al sistema educativo, para que la politica educativa tenga exito es necesario olvidarse de la posibilidad de maxima redistribucion. Lo anterior conllevara a que la politica afianzara la diferencia entre los objetivos de calidad en la educacion y, al mismo tiempo, enfrentar la inequidad.