La dificil y sensible situacion que afrontan los acreedores de una obligacion alimentaria cuando su deudor establece su domicilio, residencia, tiene bienes o percibe ingresos en un pais extranjero, frente a la efectividad de la reclamacion de los alimentos que se pretenden, ha propiciado gran interes en la comunidad juridica internacional que ha procurado facilitar los tramites administrativos y judiciales de rigor, mediante la celebracion de diversos instrumentos normativos internacionales, como la Convencion Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, realizada en Montevideo el 15 de julio 1989, que contempla mecanismos de cooperacion procesal internacional y deja al arbitrio de la autoridad jurisdiccional competente la determinacion de cual sera el derecho sustancial aplicable, seleccionando entre la ley del Estado del demandante y la ley del Estado del demandado, aquella que le brinde mayor proteccion al alimentario. Esta convencion entro en vigor en Colombia apenas el 28 de julio de 2010, por lo que es importante conocer su contenido y alcance, y los retos que ella representa para el profesional del derecho colombiano, en el estudio de la obligacion alimentaria desde el derecho comparado.