En la opinion publica, el tema de la contratacion esta­ tal ha generado amplios cuestionamientos desde el punto de vista del manejo de los recursos gubernativos que evidencian el area de la contratacion publica como sensible a la corrupcion. Esta preocupacion ha genera­ do la implementacion de diversos mecanismos juridicos que pretenden evitar estas practicas; entre ellos, la accion popular se erige como medio de proteccion de los derechos colectivos, uno de los cuales es la moralidad publica. No obstante, la incorporacion de este instrumento procesal presenta varios interrogantes juridicos en su aplicacion practica, que van desde la posible lesion a los derechos de los contratistas hasta las dificultades que debe afrontar el juez al precisar y delimitar la moralidad en los contratos estatales como derecho colectivo objeto de tutela. El presente articulo constituye una revision bibliografica del tema, y encuentra que el referido derecho colectivo es una concrecion mas de los tradicionales principios eticos del derecho administrativo, como son el «interes general» y el «bien comun», y las dificultades que han venido enfrentando ante las practicas individua­ les y lesivas para la comunidad. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, se erige como otro capitulo del derecho administrativo en defensa de los derechos humanos y los intereses de la comunidad, en la gestion de los recursos publicos.