Con posterioridad a la Constitucion Politica de 1991, el control fiscal que de antano ha existido en Colombia, tuvo que adecuarse a los nuevos lineamientos del Estado Social de Derecho. Dicha adecuacion supone de una parte la observancia de la regulacion propia de los Estados de Derecho en cuanto al establecimiento de la normativa y las sanciones para las conductas que puedan afectar el erario publico; de otro lado, en materia social supone la asuncion de unos compromisos de tipo etico y moral que deben mostrar los administradores del gasto, para cumplir con los objetivos y garantias minimas que el Estado debe ofrecer a sus coasociados. Sin embargo, la doble faceta que debe observar el control fiscal en Colombia, como Estado Social de Derecho, debe propender por la disminucion de la corrupcion y evitar la desviacion de los recursos publicos para los fines para los que se establecen dentro de la programacion financiera que se realiza.