El presente articulo, con un completo apoyo jurisprudencial muestra como la nueva legislacion contenida en la Ley 1150 de 2007 y en su decreto reglamentario, deja todavia mucho que desear y no soluciona las dudas sobre la legalidad de las facultades que se pretenden otorgar en forma definitiva a las entidades publicas para hacer efectivas las garantias contenidas en los seguros de cumplimiento; y analiza los mecanismos que se han implementado para fortalecer su eficacia sobre la base de sustraer la regulacion de este seguro a las reglas que rigen este negocio juridico en el Codigo de Comercio. Ademas de ello, se pone de presente como la ausencia de precision sobre los temas de via procesal (proceso ejecutivo o proceso ordinario) y de jurisdiccion aplicable (coactiva, ordinaria o contencioso-administrativa) conducen a que continue la vacilacion jurisprudencial sobre estas materias, la discusion inacabable al respecto en el seno de la seccion iii del Consejo de Estado y entre las secciones del mismo organismo. Igualmente, la falta de definicion sobre el tema de las normas de prescripcion o caducidad que deben ser aplicadas en este caso, siguen dejando en la nebulosa este tema. En fin, se proponen unos elementos de discusion para la solucion de lo denunciado.