Este trabajo analiza la descentralizacion en salud a partir de las percepciones que algunos de los actores sociales tienen respecto a los efectos de dicho proceso impulsado por el Estado y fortalecido a partir de la reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 1993. De los resultados se destaca la identificacion, por parte de la comunidad, de las caracteristicas geograficas, sociales y economicas como determinantes que inciden en el acceso a los servicios y las condiciones de salud, la contradiccion existente entre la pretension que subyace a la formulacion de la normatividad, para crear nuevos espacios de participacion y el reconocimiento por parte de los actores de la persistencia de las mismas instancias tradicionales de participacion social. Asimismo, se aprecia incoherencia, por un lado, entre el proposito de reconocimiento del derecho universal a la salud mediante la participacion de instituciones publicas y la seleccion de beneficiarios para los cuales solo el Estado puede prestar el servicio, por otro, la conversion de los hospitales publicos en empresas sociales del Estado y la delegacion en los privados de una parte de la atencion en salud.