Las políticas públicas que son el soporte teórico, legal y funcional de los sistemas educativos de los estados se pueden caracterizar por su condición de ser centralistas o descentralizadas. Las primeras priorizan a los ministerios de Educación como si fueran el eje esencial del sistema; las segundas, fundamentan su estructura y desarrollo a partir del reconocimiento a las instituciones educativas de todos los niveles de escolaridad. Como consecuencia de esta caracterización, la calidad de la educación en un sistema centralizado está orientada a lograr respuestas econométricas y estadísticas como factor comparativo entre los estados, y si estas son exitosas, los grandes beneficiados son básicamente los gobiernos y las personas que lo representan.