El Estado colombiano, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantiza un orden político, económico y social justo, establecido en la Constitución Política de Colombia, ofrece a los habitantes de la Nación, medios que propendan por la protección y garantía de los derechos de las personas, para lo cual, dentro de la carta magna introdujo la Acción de Tutela como herramienta para el amparo de los derechos fundamentales. Por lo anterior, a través de este artículo se pretende dar a conocer el origen, transformación y limitación de este mecanismo, dejando claro que sus constantes cambios han ocasionado que el mismo tenga una mayor tramitología que lo pensado inicialmente cuando se implementó.