El presente articulo es resultado de la investigacion ejecutada por el Semillero de Politicas Publicas de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia. El objetivo es analizar la equidad en las garantias brindadas a las victimas en la Ley 1448 de 2011 y a los victimarios en la Ley 975 de 2005 para el efectivo cumplimiento de sus derechos y obligaciones. En tal sentido se procedera a identificar en primer lugar, las causas que dieron origen a la aparicion de grupos armados ilegales, su evolucion a traves de la historia y los intentos del Estado colombiano por combatir su actuar. En las conclusiones se evidenciara como las garantias brindadas a ambas partes del conflicto armado no reflejan equidad, por cuanto impone mayores cargas a las victimas, quienes se ven sometidas al perdon de lo imperdonable, sumando a ello, las faltas de garantias para su reparacion integral y el cumplimiento efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparacion. Por su parte los postulantes a la Ley de Justicia y Paz pueden acogerse facilmente a los beneficios de la alternatividad de la pena llegando inclusive a facilitar la sustitucion de la medida de aseguramiento por una medida no privativa de la libertad, hasta permitir el cumplimiento de la pena en el exterior, lejos del pais que sufrio las consecuencias del conflicto armado interno. Actualmente se augura con significativa esperanza un nuevo proceso de paz, el cual impulsa el actual gobierno con los cabecillas de las FARC. En dicho contexto se esta a la espera de la consecucion de la paz y la reconciliacion nacional.