Las acciones populares como mecanismos de defensa de los derechos colectivos fueron elevadas a rango constitucional mediante su consagracion en la Constitucion Politica colombiana de 1991 con una finalidad tanto garantista como participativa. Siendo los hechos generadores de posibles violaciones de esos derechos colectivos tanto las omisiones como las acciones de las entidades publicas, es innegable que la actividad contractual, como una especie de esa actividad administrativa, puede ser vulneradora de intereses colectivos, dandose segun las sentencias del maximo organo de la jurisdiccion contenciosa la posibilidad de examinar la legalidad de un contrato estatal, llevando incluso a un pronunciamiento de nulidad contractual en sede popular.