Con la Constitucion Politica de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el pais a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situacion que no fue ajena al sector salud en el cual se establecio la seguridad social como un servicio publico basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporo estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy despues de 18 anos de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta area, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Publica), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboracion y promulgacion. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgacion de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el caracter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condicion prestacional establecida. El derecho a la salud tendra como eje principal la salud publica armonizada con la promocion y prevencion, diagnostico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las politicas sociales, ambientales, culturales y economicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la poblacion. La reforma a la salud en el eje de la financiacion como se encuentra propuesta, no generara cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado sera el principal actor con las funciones afiliacion, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la informacion. Sin embargo la administracion del riesgo en salud seguira delegada, funcion que es determinante para la administracion de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interes del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo publico, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.