La Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye un hito sin precedentes para saldar una deuda historica de discriminacion, exclusion y desigualdad, que se inicia en los sistemas educativos y se extiende a otras areas de la vida social. El pleno ejercicio del derecho a la educacion es clave para el goce de otros derechos humanos como el acceso a un empleo digno, a la seguridad social o a la participacion politica. Las personas con discapacidad tienen menores oportunidades de acceder a la educacion en los diferentes niveles educativos, especialmente en la educacion superior, concluir sus estudios y desarrollar plenamente sus capacidades, porque suelen recibir una educacion de menor calidad y mayormente en escuelas segregadas, lo cual limita seriamente su inclusion en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos Avanzar hacia sociedades mas justas e inclusivas exige que toda la poblacion acceda a una educacion de igual calidad y por el desarrollo de instituciones educativas mas plurales e inclusivas que acojan y den respuesta a la diversidad del alumnado. En el articulo 24 de la Convencion se establece en el derecho a una educacion inclusiva, de calidad, gratuita, en las comunidades en que vivan y en igualdad de condiciones con los demas. Lograr una educacion de calidad para todos, que promueva el maximo desarrollo.Avanzar hacia una mayor inclusion en la educacion superior pasa necesariamente por reducir drasticamente las desigualdades en la educacion secundaria y por minimizar las barreras propias de la educacion superior tales como los sistemas de acceso y de seleccion, la creciente privatizacion, la concentracion de la oferta, la rigidez de los planes de estudio, de la evaluacion, y las formas de ensenanza, y la falta de sistemas de apoyo para estudiantes y docentes. Estos factores hacen que muchos estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad, o pertenecientes a otras culturas o a estratos de menores recursos, esten mas excluidos de las oportunidades educativas en la educacion superior o reciban una educacion de menor calidad que reproduce su situacion de desigualdad. Los Estados tienen que garantizar el derecho a la educacion adoptando medidas de accion afirmativa para aquellas personas o grupos de poblacion cuyos derechos no son debidamente atendidos, con el fin de alcanzar una igualdad de hecho y no solo en el discurso. La verdadera igualdad de oportunidades pasa por democratizar el acceso al conocimiento, lo cual implica dar un trato diferenciado, que no sea excluyente, proporcionando a cada persona los recursos y ayudas que necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a niveles de excelencia.