Este articulo pretende contribuir a la discusion acerca de las bases politicas y normativas sobre las que se debe configurar un modelo de debido proceso penal, que articule su funcionamiento no solo como un sistema de garantias para el procesado, sino como un escenario para el reconocimiento y tutela procesal de las victimas. A partir de un analisis normativo, se puede concluir que dicho modelo de proceso tiene cabida dentro de la concepcion politica establecida en las constituciones espanola y colombiana