La regulacion, aquel ejercicio de control sobre los agentes del mercado que intervienen en la prestacion de servicios publicos, se erige en la funcion principal de un Estado que promueve la dignidad humana en colaboracion con los particulares. El desarrollo de esta tarea acarrea una serie de intervenciones en el mercado que pueden generar algunos costos calificados, desde la doctrina economica neo institucionalista, como de transaccion, en atencion a que se generan sobre intercambios explicitos o no, entre la autoridad y el particular. Se afirma que de su reduccion depende en buena medida la optima gestion de los recursos publicos. Como ya es caracteristico, los procesos politicos de intervencion estatal llevan a un intercambio de beneficios que no es simultaneo, sino que se prolonga en el tiempo afectando con ello la sostenibilidad de los acuerdos, pues un cambio de circunstancias, en el transcurso de la transaccion, puede motivar incumplimientos posteriores al arreglo. Es por eso necesario que las autoridades generen una sensacion de credibilidad en el ciudadano, que le permita confiar en la durabilidad de los pactos y regulaciones. Como organos de control de la competencia en el mercado, las comisiones de regulacion forman parte del aparato institucional que podria reducir los costos de transaccion que acarrea la regulacion, generando compromisos creibles para los agentes prestadores. No obstante, el diseno institucional de las CR, en sus dimensiones funcional y estructural, no permite afirmar la garantia de asuncion de compromisos creibles por parte del Estado en la regulacion de la prestacion de servicios publicos.