El Gobierno liderado por el presidente Alvaro Uribe acusa a la sentencia C-221/94, la cual despenalizo el consumo de la dosis personal, de ser la causa del aumento del consumo de drogas ilicitas en el pais. No obstante, un analisis de politica comparada de experiencias como las de Holanda y Espana, donde pese a la despenalizacion de la dosis personal el consumo se ha reducido, permite vislumbrar que este juicio es errado y que el Gobierno esta olvidando un asunto fundamental: desde 2002 la despenalizacion en Colombia no ha sido acompanada por una politica publica orientada a la demanda. La Politica de Seguridad Democratica deja de lado la prevencion y la regulacion del consumo de drogas y solo se centra en la disminucion de la oferta mediante acciones orientadas a combatir la produccion y el trafico.