El Estado colombiano se ha constituido en un ratificador estrategico de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Dicha actitud se define por una combinacion de apego legal con incumplimiento sistematico de esta normatividad. Este comportamiento ha sido sostenible en el largo plazo gracias a la aplicacion de una estrategia diplomatica internacional destinada a contener la presion de actores internacionales a favor de un mayor compromiso del Estado colombiano con los derechos humanos. Esta estrategia, a su vez, esta compuesta por los siguientes elementos: la negacion de la existencia de violaciones sistematicas, la inculpacion de terceros actores por dichas violaciones (con el objetivo claro de desviar la atencion de la responsabilidad del Estado mismo), la construccion de alianzas internacionales con paises cuyo record en materia de violacion a los derechos humanos es tanto o mas grave que el de Colombia y, la deslegitimacion y el ataque constante a ONG y organizaciones internacionales que denuncian la preocupante situacion en el pais. En este articulo se provee evidencia de este comportamiento durante las dos administraciones de Alvaro Uribe.