Introduccion: Parece ser ya un rasgo normal del sistema politico colombiano que sus actores protagonicos —gobernantes, congresistas, miembros de partidos politicos y elites economicas— tejan imbricadas relaciones con las distintas mafias, entre ellas las contra-estatales y las paraestatales, que controlan no solo el negocio de las drogas y las armas, sino el de las mercancias que inundan los mercados formales e informales de nuestras ciudades, los juegos de azar y contratos de prestacion de servicios de muy diversa indole, entre los cuales el del transporte es el mas evidente, pero no el unico. Tanto se han normalizado este tipo de relaciones, que gran parte de los colombianos ha asumido que “asi funciona la politica”, aunque otros se sienten hastiados con las innumerables piezas periodisticas sobre la “Yidis-politica” y las notarias, sobre las visitas indebidas de emisarios de la mafia al Palacio de Narino, sobre las relaciones de un jefe seccional de fiscalia con la mafia, sobre los dineros de Agro Ingreso Seguro para financiar proyectos de personajes procesados por su vinculacion con negocios ilicitos, sobre los cripticos sistemas de contratacion entre Estado y empresas privadas. Y se sienten hastiados, no precisamente porque lo consideren repugnante o inmoral; bien lo expreso una vez un ciudadano de a pie cuando dijo: “hasta la sopa del almuerzo los noticieros nos condimentan con una historia que sabemos hace tiempo: que los gobernantes y los politicos estan untados hasta el tuetano con los negocios de la mafia”, y agregaba: “?y nos van a seguir martillando con el asunto?”