A pesar de que en Colombia existe una Constitucion de tendencia ecologica en donde se consagra que el Estado y los particulares tienen deberes especificos frente al dano ambiental, en el pais se esta rapidamente destruyendo el patrimonio natural, debido a las necesidades economicas de las personas y a una indeterminacion legal y politica que amenaza seriamente los procesos de desarrollo economico, social y cultural. Por este motivo cobra especial importancia el papel de las autoridades ambientales frente al dano ambiental y la manera como estan enfrentando, con las herramientas juridicas que tienen para tal fin, a los infractores y delincuentes que causan danos al ambiente. En razon de lo anterior, este articulo busca presentar ante la sociedad y la academia una investigacion que tardo mas de un ano y que consolido esfuerzos de entidades publicas como la Defensoria del Pueblo, las diferentes autoridades ambientales del pais y la Contraloria General de la Republica, en busqueda de dilucidar la efectividad, debilidades y fortalezas de los instrumentos juridicos vigentes para que el Estado, representado por las autoridades ambientales del pais, sancione y exija la reparacion de los danos al ambiente.