El repentino fenómeno migratorio que se presentó en Colombia a partir del desplazamiento masivo, principal, aunque no exclusivamente, desde Venezuela, le ha venido demandando al Estado la adopción de medidas de protección para que los migrantes puedan acceder a las garantías fundamentales que la Constitución Política colombiana y los instrumentos internacionales ratificados por el país les otorgan por el sólo hecho de pisar suelo nacional. En temas de educación, siempre ha existido el interrogante en torno a la manera en que las poblaciones migrantes pueden acceder a ese derecho, de modo que puedan integrarse a las comunidades receptores, contribuir al desarrollo de éstas y evitar los procesos de marginalización que han caracterizado a ese movimiento humano, por la incapacidad que ha existido de aprovechar las nuevas experiencias y los conocimientos que esos grupos traen consigo.