De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229 de la Constitución Política de 1991 y 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, todas las personas tienen el derecho fundamental a acceder a la administración de justicia para exigir a las autoridades judiciales la protección de sus derechos y la resolución de los conflictos que tengan con otros ciudadanos o con el propio Estado.
