El sector minero y de hidrocarburos en Colombia ha adquirido una gran representatividad como consecuencia de su inclusión en los planes de desarrollo de los últimos periodos gubernamentales. Al mismo tiempo, su irrupción como un pilar central para el que ha sido considerado el desarrollo del país, ha suscitado una serie de conflictos en los territorios y ha reabierto debates constitucionales en torno al modelo territorial de Estado. Estas discusiones en el escenario judicial, han derivado en órdenes al legislativo para la expedición de normas y la definición de mecanismos de participación de las entidades territoriales y de sus habitantes frente a la toma de decisiones sobre la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Este artículo tiene como propósito analizar la denominada propuesta de “concertación minera”. Metodológicamente se acude al análisis específico de las decisiones jurisprudenciales de las que han emanado y del precedente judicial en materia de participación ciudadana, con el fin de plantear la necesidad de su consideración como un presupuesto constitucional ineludible, para el ejercicio de dicha tarea legislativa y para la adopción de decisiones por las autoridades del sector minero.