El presente artículo tiene por objeto analizar la figura de la carga dinámica de la prueba prevista en el Código General del Proceso (en adelante CGP) como una institución novedosa en la legislación procesal y el desarrollo que esta ha tenido, permeado por la interpretación de los principios constitucionales y la garantía de los derechos fundamentales. Resulta pertinente el estudio de la carga dinámica de la prueba, por cuanto ha generado diversas posturas respecto a si es una obligación o una facultad del juez y la incidencia que esto tiene en los derechos fundamentales de las partes. Por esta razón, con este trabajo de investigación pretendemos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al considerarse que, la distribución de la carga de la prueba en procesos civiles es una facultad y no un deber del juez del proceso? Para poder responder este interrogante se ahondó en distintas categorías jurídicas constitucionales y procesales con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios y poder concluir sobre esta disyuntiva.