La acción de tutela ha sido una de las más grandes conquistas del constitucionalismo colombiano, mediante la cual se asignó a los jueces la posibilidad de proteger los derechos fundamentales que se consagraron en la Constitución de 1991. El artículo 86 superior permite a cualquier persona acudir a los jueces en cualquier momento y lugar, a través de un proceso preferente y sumario, para obtener la protección de sus derechos fundamentales. Sin embargo, la norma no especificó la manera en que los jueces conocerían las controversias sobre derechos fundamentales, por lo que se hizo necesaria la intervención posterior del legislador, y del Ejecutivo mediante reglamentos.